ACTUACIÓN SOBRE LOS PRESOS TERRORISTAS MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE LA DOCTRINA PENAL DE LA DISOCIACIÓN

ETA 13

Reproduzco a continuación el texto del memorándum que he elaborado acerca de la manera de desarrollar una línea política destinada a propiciar la derrota de ETA en el terreno político, toda vez que esta organización terrorista ha sido ya vencida en el campo de la actuación violenta. Este memorándum se lo hice llegar al Gobierno hace unos meses. Sin respuesta hasta el momento. Hoy lo he presentado en el marco de un congreso celebrado en la Universidad de Valladolid.

  1. Introducción: situación política con respecto a ETA

 La actual situación política con respecto a la organización terrorista ETA puede sintetizarse en tres puntos fundamentales: 

  1. ETA se encuentra sumamente debilitada y muy probablemente derrotada en lo que atañe al aspecto «militar» de su organización. Sus efectivos en activo no parece que superen las dos decenas de personas y, aunque disponen de reservas de armamento y explosivos, no parece que puedan tener capacidad operativa para emprender una campaña continuada de atentados. 
  1. Sin embargo, en el aspecto político ETA conserva aún una influencia significativa sobre las organizaciones del MLNV. Éstas, a su vez, con la legalización primero de Bildu y luego de Sortu, cuentan con una presencia político-institucional apreciable —agrandada por el desistimiento de los otros partidos vascos, excepto el PP— que le proporciona recursos económicos (estimados entre 25 y 30 millones de € al año) y posibilidades para emplear, dentro de las instituciones, a buena parte de su personal político (unas 700 personas). 
  1. Mientras ETA-MLNV parece progresar en sus objetivos políticos (legalización, ocupación del espacio institucional, expresión libre de su doctrina independentista y derogación de la «doctrina Parot»), el constitucionalismo aparece dividido —principalmente por el desistimiento del Partido Socialista— y carente de iniciativa suficiente para enfrentar la actual coyuntura política con perspectivas de éxito.

 Por otra parte, el Gobierno de la Nación no es ajeno a esta situación, mostrando simultáneamente una imagen de fortaleza y de debilidad. Fortaleza en lo que atañe a la represión de las actividades terroristas —principalmente por sus logros en la detención de militantes de ETA dentro y fuera de España— y debilidad por lo que concierne a la gestión de los asuntos relativos a los presos de ETA —lo que se muestra en los desaciertos de la gestión del caso Bolinaga— y, más en general, a la carencia de iniciativa política en la gestión del final del terrorismo.

 Este cuadro se completa con la consideración de la actuación de los partidos socialista (PSOE) y nacionalista (PNV) en estas circunstancias. El primero, debido a su crisis interna no resuelta, se muestra por lo general inactivo en el terreno terrorista, aunque sostiene dentro de él a una poderosa corriente de opinión favorable al logro de arreglos con la izquierda abertzale a fin de confluir en la política institucional dentro del País Vasco. El segundo, que ve en Bildu-Sortu-ETA un poderoso rival político, trata de hacerse valer en lo que denominan pacificación mediante la consecución de arreglos con el Gobierno de la Nación en materia de presos terroristas (acercamientos al País Vasco, excarcelaciones mediante una interpretación flexible de la doctrina penal).

 De momento, parece que nos situamos en una especie de impasse, pero ello no significa que, una vez alcanzado por el MLNV su objetivo con respecto a la doctrina Parot, la situación pueda cambiar aceleradamente, planteando una importante presión sobre el Gobierno, tal como se ha visto con el comunicado del EPPK hecho público el 28 de Diciembre de 2013.

En este documento se plantea, precisamente, un modo de recuperar la iniciativa para el Gobierno, en la línea de la derrota de ETA, y dar así respuesta a ese riesgo potencial.

 2. Los presos terroristas son el eslabón más débil de ETA y el MLNV

Los presos de ETA y sus organizaciones aledañas constituyen en este momento la principal reserva militante de la organización terrorista. Numéricamente suman unos 570 individuos (420 en España y el resto en el extranjero) frente a los 20 o 30 que sostienen la organización en la clandestinidad y los alrededor de 300 —buena parte de ellos orgánicamente desconectados— que se encuentran huidos o exiliados.

El de los presos es un conjunto no homogéneo en el que se integran individuos desmoralizados y sin perspectivas —por su edad, sus largas condenas y por sus frustradas esperanzas de llegar a un arreglo político de su situación— junto a militantes irreductibles. Estos últimos —los duros de la organización— son menos numerosos que los primeros —los blandos—, aunque tengan poder para imponer su línea política dentro del espacio carcelario.

¿Por qué los blandos, salvo excepciones puntuales, se mantienen dentro de la disciplina de ETA? Entiendo que hay tres motivos principales: 

  1. Por la presión ambiental y familiar alimentada organizativamente, dentro y fuera de las cárceles, por las asociaciones de asistencia a los presos y sus familias, y el colectivo de abogados de ETA. 
  1. Por la dificultad que, para cualquier preso, entraña aparecer ante su grupo de referencia (familia, amigos y vecinos) como un cobarde o un traidor. Ello es así, precisamente, porque es ese grupo de referencia el que le proporciona los recursos económicos que necesita para soportar la vida carcelaria; y el que se hace cargo de sus necesidades en el momento de salir de la cárcel. 
  1. Y porque la alternativa que le ofrece el Estado, a través de la figura penal del arrepentimiento, es muy costosa en términos de prestigio y autoestima. 

Sin embargo, todas las informaciones disponibles apuntan en la dirección de que una parte muy importante de los presos de ETA espera con ansia algún tipo de arreglo político a su situación. Por ello, se puede afirmar que estos individuos constituyen el eslabón más débil de la organización terrorista.

 3. Romper ese eslabón equivale a romper la organización terrorista

Si se pudiera romper el eslabón débil de la cadena terrorista, haciendo que los presos, en un número altamente significativo, abandonaran ETA, se inflingiría a ésta una severa derrota política que, tal vez, le coloque a un paso del desistimiento.

De hecho, los gobiernos españoles, en diferentes momentos, a través de los programas de reinserción basados en el arrepentimiento, han buscado ese objetivo. Sin embargo, los resultados no han acompañado su consecución, pues apenas entre el 3 y el 5 por ciento de los reclusos de ETA se acogieron a la reinserción durante los diferentes períodos en los que esa política se aplicó.

La causa fundamental de ello hay que buscarla en su propio diseño. En particular, la identificación que el Código Penal establece entre el arrepentimiento y la delación hace que los terroristas —cuya motivación delictiva, no conviene olvidarlo, es de naturaleza política— traten de llegar los últimos a la decisión correspondiente. Y ese momento último no llega, en general, nunca porque los terroristas pueden acogerse a la reinserción en el momento que así lo deseen, dado que la ley no fija un plazo irrevocable para ello.

 4. La experiencia italiana de la «disociación» abre una vía para la ruptura del eslabón débil de las organizaciones terroristas

España incorporó en 1988 al Código Penal la figura del arrepentimiento de los terroristas inspirándose en la doctrina italiana del pentismo, cuya primera formulación tuvo lugar en un Decreto–Ley de 1979 sobre Medidas urgentes para la tutela del orden democrático y la seguridad pública que se revalidó tres años más tarde en la Ley de  mayo de 1982, de Medidas  para la  defensa del Ordenamiento Constitucional.

Aunque el pentismo se consideró válido para combatir el terrorismo, singularmente a las Brigadas Rojas, en pocos años se vieron sus limitaciones, sobre todo con respecto a las escasas posibilidades de aplicación de la figura del arrepentimiento a los terroristas que no ocupaban posiciones dirigentes. Por tal motivo, en 1987 se promulgó la Ley nº 34 en la que se regulaba la concesión de beneficios penitenciarios a los terroristas que, sin colaborar con la justicia y, por tanto, sin practicar la delación con respecto a sus compañeros, se desvinculaban definitivamente de las organizaciones terroristas y acreditaban haber seguido las siguientes conductas: admisión de las actividades terroristas desarrolladas, comportamientos incompatibles con la subsistencia del vínculo asociativo con organizaciones terroristas y repudio de la violencia política. Surge así la doctrina de la «disociación» o desvinculación cuya aplicación fue, sin duda, exitosa para acabar con las Brigadas Rojas, pues fueron numerosos los miembros de esta organización que efectivamente se separaron de ella. Así, se estima que el 80 por ciento de los 1.400 presos de esa organización terrorista lo hicieron acogiéndose a la mencionada Ley.

Conviene señalar que la política antiterrorista italiana en el terreno penitenciario es extremadamente dura para los reclusos que no desean acogerse a las vías de reinserción, a la vez que resulta generosa para los arrepentidos y los disociados.

5. La naturaleza de la «disociación»

La regulación jurídica de la «disociación» en Italia (véase el Anexo para una síntesis de su contenido), aunque pueda considerarse generosa en cuanto a los beneficios penitenciarios que otorga a los terroristas, es en extremo rigurosa con respecto a las condiciones que establece para su aplicación individual. Ello es así por varios motivos: 

  1. En primer lugar, porque se exigen a los terroristas, estén presos o no, conductas que de manera inequívoca acrediten su ruptura con las organizaciones a las que han pertenecido. Unas conductas que se añaden a una declaración formal de su repudio de la violencia como método de la lucha política. 
  1. En segundo término, porque se exige a los disociados que tomen su decisión de abandonar la organización a la que pertenecen en un plazo perentorio e inamovible de, como máximo, treinta días a contar desde la fecha de promulgación de la ley. 
  1. Y finalmente, porque la ley establece una cláusula de revocación de los beneficios otorgados a los reclusos, de manera que los pierden si éstos adoptan una conducta incompatible con la «disociación», pudiendo volver a la prisión si hubieren alcanzado la libertad.

Estos tres principios —rigor en la exigencia de conductas incompatibles con la democracia, plazo fijo (y corto) para adoptar decisiones y revocabilidad de los beneficios penitenciarios— son fundamentales para explicar el éxito de la política de «disociación». Un éxito que se plasmó en la práctica desaparición de las Brigadas Rojas.

 6. ¿Podría aplicarse la experiencia italiana a España?

La doctrina de la disociación podría aplicarse en España y, de hecho, se ha aplicado, aún careciendo de base legal, en varias ocasiones. Recordemos estos precedentes: 

  1. Con ocasión de la disolución de ETApolítico-militar, tras la negociación que mantuvieron el ministro Rosón y el senador Juan Mari Bandrés, con la ayuda de Mario Onaindia —y que luego fueron prorrogadas entre el ministro Barrionuevo y el senador Joseba Azkarraga—, fue excarcelado o eximido de responsabilidad, sin mayores miramientos, un numeroso grupo de miembros de esa organización, así como algunos de ETA VIII Asamblea, ETAmilitar y Comandos Autónomos. Algunas fuentes los cifran en 258. No obstante, el testimonio que he recogido de Joseba Azkarraga señala que, una vez cerrado el tema de los polimilis, se excarceló por vía de indulto a 110 presos y se legalizó a 240 huidos sin delitos de sangre que habían pertenecido a alguna de las ramas de ETA. 
  1. En la aplicación de la doctrina penal del arrepentimiento por las autoridades judiciales de vigilancia penitenciaria, así como por el Ministerio del Interior, con mucha frecuencia se fundamentan las decisiones correspondientes en el hecho de que los afectados han abandonado la organización terrorista a la que pertenecían, aunque no se haya acreditado su colaboración con la justicia como delatores. Ambos elementos son requisitos ineludibles del arrepentimiento según el artículo 90 del Código Penal; y sin embargo el último se exige en pocas ocasiones, lo que, en la práctica, convierte la aplicación de ese artículo en un caso de «disociación» sin que esta doctrina haya sido regulada en la legislación penal española. 

Sin duda estos precedentes señalan que, en cada momento, el Gobierno prefirió una interpretación forzada y flexible de la ley para desarrollar su política a una reforma legislativa que la sustentara sobre una base jurídicamente sólida. Algunas víctimas del terrorismo han señalado que, en el caso de los plimilis, como consecuencia de ello, tal política acabó configurando una situación injusta.

La propuesta que aquí se expone se aleja de los precedentes señalados, pues opone a la flexibilidad (y en cierto modo la arbitrariedad) la rigidez de la ley. De lo que se trata es de vencer a ETA aplicando la ley y sólo la ley. Y una ley de «disociación» puede infligir a ETA una severa derrota si una parte importante de sus presos se acogen a ella.

Actualmente se encuentran encarcelados en España unos 420 presos pertenecientes a ETA o a alguna de las organizaciones que ésta tutela. Y hay otros 130 en cárceles extranjeras, principalmente en Francia. Con referencia a los recluidos en cárceles españolas, aproximadamente un tercio están condenados o acusados de delitos de sangre y alrededor del 55 por ciento de delitos de pertenencia o colaboración sin que pesen sobre ellos delitos de sangre. El resto son presos que, sea cual sea su delito, llevan cumplidos más de tres cuartos de su condena.

Lo anterior significa que una aplicación de la doctrina de la «disociación», tal como se perfila en el apartado siguiente, podría abarcar a aproximadamente dos tercios de los reclusos de ETA si éstos lo aceptan. También podría comprender a una parte importante de los etarras que han huido a otros países; en concreto, estimo que a unos 240 de los 300 que están en tal situación.

En consecuencia, se puede estimar que el acogimiento a la «disociación» podría abarcar potencialmente a seis de cada diez de los actuales miembros de ETA. Esta proporción es suficientemente importante como para considerar que, de tener éxito, una política de «disociación» puede infligir a ETA un daño político muy relevante. 

7. ¿Cómo se puede articular la aplicación de la doctrina de la «disociación»?

Entiendo que la formulación jurídica de la «disociación» en el caso de España debe corresponder a juristas expertos en el derecho penal y penitenciario. No obstante, considero que, teniendo en cuenta las circunstancias políticas de España, sus elementos fundamentales deben ser los siguientes: 

  1. La «disociación» debe limitar su ámbito de aplicación a los presos o huidos de ETA (y de otras organizaciones terroristas) que no hayan cometido o estén acusados de delitos de sangre. En consecuencia, la aplicación de la doctrina de la «disociación» sería compatible con el extremo rigor con el que actualmente la ley penal española condena los delitos terroristas de asesinato o lesiones. 
  1. No obstante, podría exigirse a los penados por delitos de sangre que se acogieran a la «disociación» como un prerrequisito para que, en su momento, pudieran considerarse «arrepentidos» en el sentido regulado por el artículo 90 del Código Penal. 
  1. La Ley de «disociación», si previamente no lo ha hecho antes el Estatuto de la Víctima del Delito, debe dar voz a las víctimas concretas, o sus sucesores, que se hayan identificado con respecto a los delitos cometidos por los reclusos acogidos a ella, dentro de los procedimientos penales y penitenciarios correspondientes a su aplicación. Una oficina especial, vinculada a la Fiscalía del Estado, debe prestar asistencia a las víctimas o sus representantes legales mientras duren esos procedimientos. 
  1. Las penas de los disociados pueden rebajarse en uno o dos grados con respecto a las que les fueran impuestas, dando lugar a su excarcelación en el momento que corresponda en función del período de cumplimiento que haya transcurrido hasta la «disociación». 
  1. La «disociación» debe estar condicionada a la observación de conductas que no sean incompatibles con ella, tanto en el ámbito carcelario durante el período de tramitación del procedimiento —que no debería ser inferior a tres meses—, como fuera de él. En particular, la mera participación en actividades de organizaciones relacionadas con ETA y, especialmente, las que impliquen individual o colectivamente el enaltecimiento del terrorismo o el menosprecio a sus víctimas, deben dar lugar a la reversión de los beneficios penitenciarios obtenidos. 
  1. La oferta que el Estado haga de la «disociación» debe tramitarse por la vía parlamentaria más rápida posible como un Proyecto de Ley a fin de que sus eventuales destinatarios puedan tener noticia de ella y, sobre todo, sepan que pueden tomar la decisión de acogerse en un plazo de tiempo limitado que acabará treinta días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las autoridades penitenciarias deberían realizar labores de difusión y asesoramiento sobre esta Ley durante su tramitación dentro de las prisiones que alberguen a presos terroristas.

 Anexo

LA DISOCIACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ITALIANA SOBRE EL TERRORISMO

La Ley nº 34 de 1987 reguló en Italia la figura de la disociación, referida a los terroristas que se desvinculan de las organizaciones armadas a las que han pertenecido, con la finalidad de contribuir a la derrota de éstas en el frente carcelario.

La disociación se definió como una agregación de conductas observables en los imputados o condenados por delitos terroristas que hubieran abandonado la organización a la que pertenecían. Esas conductas son: a) la admisión de la actividad terrorista efectivamente desarrollada; b) la existencia de comportamientos que son objetiva e unívocamente incompatibles con la subsistencia del vínculo asociativo; y c) el repudio de la violencia como método de lucha política.

La Ley 34/1987 ofrecía a los disociados un conjunto de beneficios penales según el tipo de delitos cometidos. Son los siguientes: 

  • La conmutación de la pena de cadena perpetua por la de treinta años.
  • La reducción en una cuarta parte de las condenas por delitos de asesinato consumado o intento de asesinato, y los de lesiones personales graves.
  • La reducción en la mitad de las condenas por delitos de carácter asociativo, posesión de armas y explosivos, falsificación, colaboración, apología e instigación del terrorismo
  • La reducción en un tercio de las condenas en todos los demás casos

 Adicionalmente, la Ley 34/1987 establece que: 

  • A los disociados cuya pena de reclusión no fuera superior a diez años se les pudieran conceder a la libertad condicional.
  • El cumplimiento del conjunto de las penas a las que estuvieran condenados los disociados no pudiera exceder de 22 años y seis meses.

La Ley, por otra parte, excluye de los beneficios penales anteriores todos los casos en los que los condenados lo hayan sido además por delitos de devastación, saqueo o masacre vinculados con atentados contra la seguridad del Estado o la seguridad pública, para los que el Código Penal italiano contempla la pena de prisión perpetua.

Para que los miembros de las organizaciones terroristas pudieran acceder a estos beneficios, la Ley 34/1987 exige que: 

  • Los delitos se hubieran cometido antes del 31 de diciembre de 1983; es decir, cuatro años antes de su aprobación.
  • Los imputados o condenados hubieran expresado su desvinculación de las organizaciones terroristas a las que pertenecieron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley o, excepcionalmente, en los treinta días siguientes a esta última fecha.
  • Los potenciales beneficiarios no se hubiesen acogido a la figura del arrepentimiento regulada en Decreto-Ley de medidas urgentes para la tutela del orden democrático y la seguridad pública de diciembre de 1979.

Finalmente, la Ley 34/1987 contiene una cláusula de revocación, de manera que los beneficios otorgados quedan sin efecto si quienes los reciben cometen un nuevo delito de terrorismo o tienen una conducta incompatible con su disociación.

 

 

 

¿Quo vadis, Rajoy?

Publicado en Libertad Digital

Los arcanos del programa político de Rajoy para la segunda mitad de la legislatura son tan profundos que, para calificarlos, podría traerse a colación la famosa sentencia atribuida a sir Winston Churchill según la cual Rusia era “un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”. El presidente del Gobierno se ha prodigado en los últimos días con discursos, declaraciones y entrevistas en los que ha tratado de situar la actualidad española y, sobre todo, de proyectar sobre ésta un optimismo desbordante con respecto a su inmediato futuro, en especial en el terreno de la economía. Y, sin embargo, no ha dicho prácticamente nada acerca de cuáles son sus planes concretos para ese futuro. Es como si detrás de las palabras no hubiera ningún concepto para sustentarlas; o tal vez como si estuviera recordándonos la conclusión del famoso diálogo que, en A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado,escribió Lewis Caroll:

–Cuando yo uso una palabra –insistió Zanco Panco con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.

–La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

–La cuestión –zanjó Zanco Panco– es saber quién es el que manda …, eso es todo.

El caso es que, como ya he destacado en alguna otra ocasión, el presidente tiene razones para sentirse satisfecho con los resultados de su política económica, pues ha enfilado la salida de la crisis con un razonable bagaje de cambios estructurales y normativos que han propiciado el encauzamiento de la crisis financiera, han introducido al sector público en la senda de laconsolidación fiscal y han dado un vuelco al mercado laboral para hacer más fácil la transformación del crecimiento económico en nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, estos logros no han estado exentos de costes muy importantes para los españoles. En primer lugar, porque el desempleo es a todas luces excesivo y se ha extendido sobre las clases medias asalariadas. En segundo término, porque esas mismas clases medias son las que han soportado el grueso del coste fiscal de la crisis, al haberse centrado sobre ellas el efecto recaudatorio de la subida de impuestos. Y en tercer lugar, porque todo ello ha dado lugar a una ampliación de las desigualdades distributivas, de manera que la distancia entre ricos y pobres se ha ampliado significativamente.

 

El presidente Rajoy reclama para sí la confianza de los ciudadanos en su capacidad para hacer que la salida de la crisis reduzca esos costes y redunde en mejoras sustantivas del empleo y el bienestar. Lo ha dicho en todas partes, pero cuando se le ha preguntado no sobre el qué sino sobre el cómo no ha sido capaz de hilar un discurso coherente de política económica sobre el que sustentar la credibilidad de su programa. De esta manera, por ejemplo, no ha podido dar ningún detalle acerca de la ya próxima reforma fiscal, más allá de que, al parecer, dentro de un año va a haber una reducción –tal vez limitada– del impuesto sobre la renta. Y lo mismo se puede decir acerca de la reforma de las Administraciones Públicas, más allá de una ley sobre los ayuntamientos cuyo alcance está por ver; o del sistema de financiación autonómico, sobre el que gravita la configuración de los grandes servicios públicos de sanidad, educación y asistencia social –y sobre el que la única reforma tangible es, de momento, la transferencia a las diputaciones forales vascas de los impuestos de nueva creación–. Y, sin embargo, la salida de la crisis y su ritmo de avance en términos de crecimiento y de empleo van a depender crucialmente de las respuestas que se den a esas cuestiones. Unas respuestas que no sólo quedarán definidas por su contenido normativo, sino por el perfil temporal de su aplicación. Y a este respecto conviene recordar que, debido a la magnitud de los problemas, la parsimonia y la subordinación de las decisiones al ciclo electoral –tan caras al modo de actuación de Rajoy– son malas consejeras, tal como pudo comprobar el presidente en los inicios de la legislatura.

Pero más allá de la economía, también la política está señalando algunas de las incertidumbres cruciales con respecto a la salida de la crisis. Los temas catalán y vasco son, sin duda, los más relevantes a este respecto; pero no les va a la zaga la cuestión de la desafección de la ciudadanía con respecto al funcionamiento del sistema político. El de Cataluña es, en lo inmediato, el asunto más urgente porque está ya planteada, con fecha de ejecución, la destrucción del país en su unidad territorial. Por eso no bastan las respuestas genéricas que ha dado Rajoy cuando ha dicho, apelando a la legalidad, que la secesión no se va a producir. Y no bastan porque está a la vista de todos que los nacionalistas catalanes no se han arredrado por la retórica gubernamental. Lo que se requiere ahora con urgencia es un diseño concreto y público de los procedimientos a través de los cuales se va a impedir el referéndum de independencia, incluyendo la apelación a los órganos jurisdiccionales, la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución y los planes de contingencia para el empleo de la fuerza armada.

El asunto vasco –o sea, el tema de ETA– puede no ser tan urgente, pero no por ello es menos relevante para el futuro político de España. Lo que está sobre la arena en este momento es la posibilidad de que, aun sin el empleo de la violencia terrorista, ETA acabe disponiendo de unas cuotas de poder en el País Vasco muy superiores a las que actualmente tiene a través de los partidos que ha promovido. En otras palabras, lo que se plantea es que la indudable derrota que ha experimentado ETA en el terreno militar –que se expresa en su decisión, al parecer irreversible, de dar por concluida la campaña terrorista–, no se vea reflejada en el terreno político. A este respecto, creo que lo criticable en la política antiterrorista de Rajoy no es que, como dicen algunos sin el menor fundamento, el presidente esté siguiendo la hoja de ruta que su predecesor, Zapatero, habría pactado con la organización terrorista, sino más bien que su política –basada en la continuidad del esfuerzo policial contra ETA y en la parsimonia por lo que al tratamiento penitenciario de sus presos se refiere– sólo sirve para la contención, pero no para la derrota de la banda armada. Esta última requiere atacar el eslabón más débil de la organización terrorista –que, sin duda, es el que forman los presos– para inducir su abandono y, con él, deshacerla políticamente. La experiencia italiana de la disociación, que condujo a la desaparición de las Brigadas Rojas, es a este respecto una fuente que debe servir de inspiración para la política de derrota de ETA.

Queda, finalmente, sobre el tapete el asunto de la desafección ciudadana con respecto al sistema político. Es en este clima en el que se esperan altos niveles de abstención en los futuros procesos electorales, a la vez que un desvío del voto hacia las nuevas formaciones partidarias, entre las que son una incógnita tanto Ciudadanos –si decide extender su acción a toda España– y Vox –el partido nacido de entre los descontentos del PP–, como algunos grupos de extrema izquierda que ya han tenido oportunidades en el ámbito regional. De todo ello puede surgir una fragmentación política que, incluso con la ley electoral actual, dé lugar a un Congreso en el que sea inviable la formación de mayorías estables para gobernar. Ni que decir tiene que ese será el clima en el que las tensiones secesionistas tendrán su mejor caldo de cultivo. Por ello, me parece que, en vez de esperar a que el problema se muestre con toda su crudeza tras unas elecciones generales, más valdría empezar a abordarlo ahora que aún se está a tiempo de fraguar un nuevo consenso institucional que consolide el sistema nacido en 1978 con la Constitución.

‘Catalunya’ en el 18 de Brumario del año X

Publicado en Libertad Digital

Han transcurrido diez años desde que, en el que entonces fue 9 de noviembre y hoy 18 de Brumario, Catalunya iniciara su Revolució Nacional. El referéndum de autodeterminación se celebró al fin, a pesar de las denuncias judiciales del Gobierno de España, y tras él llegó ladeclaración unilateral de independencia. Ésta se acabó configurando como una situación de hecho, pues, aunque varios meses más tarde el Tribunal Constitucional la declaró ilegal, nadie tuvo la voluntad política suficiente como para restaurar el orden. El uso de la fuerza se consideró inconveniente y poco democrático, según concluyó el Senado tras un acalorado debate acerca de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El caso es que, aún sin el reconocimiento formal del Reino de España, la República de Catalunya comunicó su constitución como Estado a la Unión Europea, dando lugar a que la Comisión tomara nota y considerara que, a partir de aquel momento, el nuevo país dejaba de formar parte de su territorio y, por ende, de la unión aduanera, el mercado único y la unión monetaria. Otras entidades internacionales, como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, manifestaron que, hasta tanto no se tomara una decisión unánime con el consentimiento de España, Catalunya se consideraba excluida de sus respectivas organizaciones. Y a lo largo de esta década sólo unos pocos países, casi todos marginales en la política internacional, han establecido relaciones diplomáticas con el nuevo Estado.

Fruto de las circunstancias políticas, las nuevas fronteras erigidas porCatalunya se constituyeron en una barrera para el comercio internacional. En el momento de la independencia aparecieron los aranceles, los requisitos documentales para las exportaciones, la inspección de las mercancías por las autoridades aduaneras, el seguro de cambio -pues el mantenimiento del euro había sido imposible- y otros trámites menores que encarecían los precios, alargaban los períodos de entrega, hacían más costoso el transporte y complicaban la gestión. Además, como ya había ocurrido en otros casos europeos durante la década de 1990, las relaciones económicas con España se enfriaron rápida y paulatinamente, de manera que el que hasta entonces había sido un comercio interregional floreciente se marchitó hasta situarse en niveles mucho más bajos que antes de la independencia.

Por otra parte, un buen número de empresas trasladó su sede social fuera de Catalunya y cerró instalaciones para reabrirlas en España o en Francia. Así ocurrió con una buena parte de las grandes empresas alimentarias, los grupos editoriales, la industria farmacéutica, las metalmecánicas y las de servicios avanzados. En Martorell y en la Zona Franca se dejaron de fabricar coches. Y hasta una gran entidad financiera -que curiosamente no cambió ni de nombre ni de logotipo- se domicilió en Madrid y segregó de su negocio principal la filial que permaneció en Barcelona.

Todo ello se expresó en una pérdida de mercados para las empresas catalanas y en una reducción de sus actividades económicas. En los siete años siguientes a aquel 18 de Brumario, el Producto Interior Bruto deCatalunya se redujo en un 37 por ciento, aunque después empezó a recuperarse de forma modesta, de manera que en el año X había aumentado hasta alcanzar un nivel equivalente a dos tercios del que se registró en 2014.

Además, muchos se han ido o no han venido. La población catalana, que ya el año de la Revolució Nacional empezaba a mermar, ha experimentado una pérdida de 1.845.000 habitantes. A ello han contribuido tanto el déficit de nacimientos sobre las defunciones -un poco más de 34.000- como sobre todo unos saldos migratorios muy negativos. En términos netos a España se han marchado casi 416.000 personas y al resto del mundo 1.395.000. Los habitantes de Catalunya son ahora, diez años después de la proclamación de independencia, sólo 5.534.000.

Claro que esta pérdida de población ha venido bien para aliviar algo el reparto de la decadencia económica, pues al haber una cuarta parte menos de habitantes, el PIB per capita no ha disminuido tanto como su cifra global. En eso que los economistas llamamos términos constantes -o sea, valorado a los precios de 2014-, esa magnitud se cifra ahora en 23.035 euros, con lo que la caída con respecto a 2014 es de sólo el 13 por ciento, pues en el año de la Revolució se habían alcanzado los 26.351 euros.

Algunos podrán decir que el precio no ha sido demasiado alto para alcanzar la libertad. Sin embargo, para apreciar bien las cosas, conviene decir también lo que ha pasado con la riqueza de los españoles hasta este 18 de Brumario del año X. Curiosamente, el impacto económico inicial de la secesión de Cataluña se absorbió muy rápidamente por dos razones. Una fue que las deslocalizaciones de las empresas catalanas se realizaron con una gran rapidez y, además, casi todas fueron hacia las regiones españolas limítrofes con el nuevo Estado. Y la otra que la reacción europea, aplicando el arancel máximo y las formalidades aduaneras a las exportaciones catalanas desde el primer momento de la secesión, hizo que se retrajeran las otras pretensiones independentistas regionales y el país se estabilizara institucionalmente. Y a ello se añadió que la economía española entró en una senda de moderado crecimiento.

En estas circunstancias, aunque inicialmente el PIB por habitante de España se retrajo, en el conjunto del período pudo aumentar desde los 22.478 euros en 2014 hasta los 28.227 en 2024. Es decir, una ganancia media de bienestar del 26 por ciento para los españoles. Por tanto, se puede concluir que los catalanes, que antes de la independencia gozaban, en promedio, de unos ingresos superiores en un 17,2 por ciento a los del resto de los españoles, una década después de la secesión cuentan con un 18,4 por ciento menos. Queda claro que las promesas de prosperidad de los promotores de la independencia no parecen haberse cumplido y hoy la mayoría de los catalanes viven bastante peor que cuando eran españoles. Y lo que es peor todavía es que, seguramente, seguirán así durante muchos años. De este modo, sólo si su economía lograra crecer a una tasa un 25 por ciento superior a la española de manera permanente, podrían alcanzar el nivel del PIB per capita de España dentro de medio siglo. Este precio habrá sido el que hayan pagado por haber puesto su fe en el esperpento nacionalista.

El problema demográfico de España

Publicado en Libertad Digital

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente su proyección de la población española para los diez próximos años. Esta proyección se realiza teniendo en cuenta las tendencias demográficas que se han ido perfilando en los últimos años, así como algunas hipótesis razonables acerca de las diferentes variables, entre las que son cruciales tanto la natalidad como los movimientos migratorios. El panorama que emerge del estudio estadístico es ciertamente preocupante: la población española, que empezó a disminuir en 2012, va a seguir haciéndolo al menos hasta 2023, de manera que en una década se habrán perdido 2,6 millones de habitantes.

Las causas de esta dinámica tan negativa hay que buscarlas tanto dentro como fuera de la sociedad española. Por una parte, nos enfrentamos a una natalidad decreciente, de manera que, como ya viene ocurriendo desde 2009, las nuevas generaciones de españoles que entran en la vida son cada vez más pequeñas. Así, si el año pasado tuvimos un poco más de 450.000 nacimientos, dentro de una década estaremos por debajo de los 340.000. Y lo malo es que, siendo la mortalidad relativamente constante -en tormo a las 405.000 personas-, es muy probable que, a lo más tardar dentro de cuatro años, los nacidos sean menos que los que fallecen. Y, por otro lado, no se va a contar con la aportación exterior de la inmigración extranjera. De hecho, como consecuencia de la crisis, desde 2010 asistimos a un saldo exterior negativo, pues son muchos menos los foráneos que vienen a España que los que, nacionales o extranjeros, abandonan el país en busca de mejores oportunidades.

En definitiva, España está viendo que su población disminuye, y con ello se empequeñece el tamaño de su mercado. Además, como fruto de esa dinámica -y también de unas condiciones ambientales, sanitarias y sociales que alargan la vida-, la población envejece. De esta manera, si ahora viven en el país 54 personas mayores de 65 años por cada cien en edad de trabajar, dentro de una década se prevé que esa ratio haya aumentado hasta 86. Se comprende, entonces, que en muy poco tiempo nos vamos a enfrentar a un severo problema para financiar el sistema de pensiones con las cotizaciones de los activos, incluso en el caso de que todos los que están en edad laboral encontraran empleo.

Este último problema ha llamado mucho la atención y ha suscitado la preocupación de los políticos, dando lugar a un cambio en el sistema de pensiones, aunque el calendario de su adopción se ha demorado en exceso, pues el actual Gobierno no ha querido modificar la previsión -a mi modo de ver desmesuradamente optimista- que, al respecto, hizo el de Zapatero. Este es el motivo por el que Rajoy ha preferido modificar las reglas de cálculo y revalorización de las pensiones a través de un enrevesado factor de sostenibilidad, de difícil comprensión.

Pero, más allá de la cuestión de las pensiones, el debate sobre la población en la sociedad española es casi inexistente. Ello es así principalmente porque, aunque pueda resultar paradójico en un país todavía embebido de los valores familiares, hablar de la población requiere hacer referencia, ineludiblemente, a la cuestión de la familia y del papel de la mujer dentro de ella. La corrección política ha hecho de éste un tema rechazado por la izquierda y soslayado por la derecha. Y, sin embargo, el núcleo del problema poblacional, que no es otro que el de la bajísima natalidad existente en el país, se encuentra incardinado dentro de las relaciones familiares.

La tasa de natalidad española se sitúa actualmente por debajo del 10 por mil. Es inferior a la media europea, como ocurre con unos cuantos países que comparten esta posición. Pero lo relevante no es esto, sino que si alcanzara un nivel similar al de las naciones que, como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, desarrollan activas políticas familiares, entonces el número de nacimientos sería en España superior en unos 80.000 a los actuales. Con una natalidad promedio del 11,5 por mil -que es la que corresponde a los países mencionados- el número de nacimientos superaría todos los años los 500.000; es decir, unas cien mil unidades más que el número de muertes. El problema demográfico no estaría así enteramente resuelto, pero en todo caso no tendría los tintes de dramatismo que ahora lo impregnan.

¿En qué consisten esas políticas familiares que se desarrollan en los países nórdicos? Pues esencialmente en favorecer la continuidad de las carreras profesionales de las mujeres haciendo que la maternidad no suponga un obstáculo para ellas. Los elementos que juegan un papel relevante en este terreno son, por una parte, los subsidios para el cuidado de los hijos; por otra, la protección jurídica de la continuidad en el empleo una vez transcurrida la etapa de maternidad, y, finalmente, las facilidades para la formación y el reciclaje con objeto de obtener las habilidades que se requieren para esa continuidad.

Las políticas de esa naturaleza cuentan con el aval económico de su favorable contribución al crecimiento en las naciones que las promueven, tal como ha mostrado el profesor Peter Lindert, de la Universidad de California, en la extensa revisión histórica que, bajo el título de El ascenso del sector públicoha realizado acerca del papel del gasto social en las economías desarrolladas. Lindert muestra que el coste de estas políticas familiares se sitúa en el entorno del uno por ciento del PIB -un coste que, en España, podría asumirse, sin incrementar el gasto público, a partir de la reordenación competencial de las Administraciones Públicas para eliminar sus redundancias- y que sus efectos positivos en el crecimiento se derivan de de dos circunstancias: una, que “las mujeres muestran mayor propensión a tener una oferta de trabajo más elástica que la de los hombres”, lo que hace que los incentivos dirigidos a ellas generen más trabajo y mayores rentas que si se orientaran hacia estos últimos; y dos, que “los beneficios de las políticas de capacitación son más prometedores en el caso de las mujeres” debido a que éstas son más receptivas que los hombres.

En consecuencia, una política social centrada en las mujeres y, más específicamente, en la facilitación de su papel reproductivo en la sociedad cuenta con el aval de la experiencia internacional tanto en el terreno demográfico como en el del desarrollo económico. Es pues la hora de que, en España, se asimile esa experiencia y se abandonen los prejuicios ideológicos acerca del papel de la familia en la sociedad, para afrontar los severos problemas que, en los años venideros, nos va a plantear nuestra demografía.

EL COSTE DEL TERRORISMO Y EL DIVIDENDO DE LA PAZ

Publicado en “Libertad Digital”

En más de una ocasión he tratado de evaluar los enormes costes económicos que, para el País Vasco, ha tenido el terrorismo[1]. Unos costes que se derivan de las secuelas de muerte y destrucción que dejan los atentados cometidos por ETA, así como de la depredación de recursos a la que, a través de la extorsión, el saqueo, los tráficos ilícitos o el desvío de subvenciones públicas, ha sometido esta organización a la sociedad vasca. Sin embargo, la valoración de esos costes no da cuenta de la totalidad de los efectos económicos que tiene el terrorismo, pues no recoge su incidencia sobre el funcionamiento agregado de la economía. Ésta se refleja en el desarrollo a largo plazo y de puede cuantificar observando la trayectoria del nivel de bienestar de los ciudadanos que queda reflejada en el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante.

Ello es así porque el terrorismo afecta muy negativamente a las expectativas de los agentes económicos, singularmente a las de los inversores, de manera que éstos reducen su gasto en mantener o ampliar las capacidades de producción y, como consecuencia, el PIB empieza a crecer por debajo de su nivel potencial. Los estudios internacionales señalan que, en efecto, el terrorismo incide negativamente sobre el crecimiento económico tanto más cuanto mayor es la intensidad de las campañas emprendidas por las organizaciones que hacen de la violencia su modo de expresión política. Y también indican que cuando esas campañas cesan las aguas vuelven a su cauce y la economía se recupera, produciéndose así un auténtico dividendo económico de la paz.

En un reciente trabajo que pronto se dará a conocer por la Cátedra de Economía del Terrorismo[2], el profesor Thomas Baumert y yo hemos indagado es este último asunto, estimando el ciclo completo de la incidencia de la violencia etarra sobre el PIB per capita del País Vasco. Siguiendo la pauta metodológica que establecieron Alberto Abadie y Javier Gardeazabal[3], hemos estimado la diferencia entre el producto efectivamente obtenido en la economía vasca y el que hubiera tenido lugar si ésta no hubiese estado sometida al terrorismo. El gráfico adjunto sintetiza los resultados obtenidos. En ellos se comprueba que desde 1984 y hasta 2005 la economía vasca registró pérdidas en su crecimiento. Éstas fueron ampliándose hasta alcanzar el 16 por ciento en el trienio 1994-1996. Después se redujeron paulatinamente a medida que la actividad terrorista, por efecto unas veces de las treguas de ETA y como consecuencia de la represión policial en la mayor parte del período, fue decayendo.

En total, a lo largo de un poco más de dos décadas los vascos obtuvieron un nivel de riqueza anual inferior al que habrían logrado si el terrorismo no hubiese causado los estragos que ocasionó. Hemos cuantificado esa pérdida en un promedio del 8,7 por ciento del PIB por habitante, lo que equivale a casi 31.500 euros por persona (medidos a precios de 2002) en esos veintiún años. Ese promedio es el resultado de un menor crecimiento tanto del PIB, estimado en el 17 por ciento —es decir 6.130 millones de euros cada año—, como de la población, que hemos calculado en el 6,9 por ciento —o sea, 144.658 personas en promedio anual—. 

La dimensión de esta pérdida macroeconómica es verdaderamente notable, aunque resulta inferior a la de otras experiencias terroristas que han sido estudiadas con el mismo procedimiento. Por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, como ha puesto de relieve Richard Dorsett, del National Institute of Economic and Social Research de Londres, el diferencial negativo en el crecimiento del PIB por habitante se extendió durante más de tres décadas —entre 1970, el año posterior al de los Disturbios que desencadenaron la campaña terrorista del IRA, y 2008, diez años después del Acuerdo de Viernes Santo— y alcanzó una profundidad mayor que en el País Vasco, pues su nivel máximo se mantuvo durante trece años —entre 1980 y 1993— en torno al 17 por ciento.

Coste terrorismo Grafico

Pero más allá del retroceso económico que provocó el terrorismo, lo que también se pone de manifiesto en el gráfico es que, cuando la campaña de ETA se fue agotando, sus efectos negativos también lo hicieron. Y de este modo, observamos que desde 2006 yo no se aprecia ningún coste macroeconómico de la violencia terrorista. Puede decirse por ello que existe un dividendo económico de la paz, incluso desde unos años antes de que ETA cerrara finalmente su campaña. El bajo nivel de ésta tras la ruptura de la negociación entre el gobierno de Zapatero y ETA, inducido seguramente por la intensificación de la lucha policial contra la banda terrorista, explica este resultado.

El dividendo de la paz, tal como lo hemos cuantificado, ha permitido recuperar, entre 2006 y 2011, un 17,5 por ciento de la pérdida acumulada del PIB por habitante durante los dos decenios en los que el impacto de la violencia fue negativo. Por ello, para que el País Vasco pueda volver a ser la tierra de prosperidad que fue en el pasado, es importante cerrar definitivamente el ciclo terrorista con la disolución de ETA. Y aún así, es probable que tengan que pasar otros veinticinco años para que se puedan restañar completamente los daños ocasionados por el terrorismo. Tal es la tarea que convoca a los gobernantes de la región y también a los de España. De sus aciertos y de sus yerros dependerán las cuentas de ese futuro que deseamos.     


Dos artículos sobre ETA

ETA 9

 

Aunque desde hace tiempo tengo abandonado el blog, incluyo ahora los enlaces a dos artículos que he escrito recientemente en Libertad Digital para que los lectores interesados en el tema del terrorismo puedan tener la correspondiente referencia.

El primero de esos artículos se titula El Libro Negro de ETA y hace referencia a un libro aún no escrito en el que tendría que incluirse lo que podríamos denominar el balance negro de ETA. El enlace es el siguiente:

http://www.libertaddigital.com/opinion/mikel-buesa/el-libro-negro-de-eta-68926/

El segundo, que se ha publicado hoy mismo, hace referencia a la distinción entre arrepentidos y disociados. Una distinción que en el sistema penal español no se ha querido definir, pero que se aplica subrepticiamente para soportar la arbitrariedad de la política de reinserción de presos de ETA. Por cierto, una política fracasada, como ya he tenido ocasión de analizar en mi serie de artículos sobre los presos de ETA y el juego del gallina. Diré que, en mi opinión, una legislación específica sobre la disociación podría abrir una vía para lograr el definitivo desistimiento de la organización terrorista. El enlace a este artículo es:

http://www.libertaddigital.com/opinion/mikel-buesa/arrepentidos-y-disociados-69067/

A Rajoy le crecen los enanos

Rajoy 2

La sensación de que Rajoy está perdiendo apoyos en las bases electorales del PP —y de que, de paso, el PP se está vaciando de electores— es cada día que pasa más intensa. Las encuestas lo muestran con nitidez, pero hay que reconocer que son bastante tediosas. Por ello tienen más interés los testimonios de personas que logran expresar lo que otros muchos piensan. Esto es lo que ha ocurrido hoy con Ramón Canal, un ciudadano que ha decidido escribirle una carta al Directos de El Mundo y se ha visto premiado con su publicación. La carta de Ramón Canal es antológica, además de expresiva del momentum catastrophicum —permítaseme la alusión a Don Pío Baroja— por el que está atravesando el Partido Popular. Su texto es el siguiente:

Sr. Director:

A los que hemos nacido bajo el paraguas de los Principios Fundamentales del Movimiento, nos da la sensación de que también podíamos haberlo hecho bajo los principios de los romanos, los godos, los visigodos, Isabel y Fernando, Santiago y cierra España, la Santa Inquisición, las ánimas del purgatorio, la Santa Compaña… Así, a palo seco, lo entendimos todo, y sin hacer preguntas: lo de ser de derechas, además de obligatorio, tenía su lado bueno.

Pero, a estas alturas del partido y de la vida, no encontramos explicación, no entendemos nada, con las excepciones de rigor, claro está, de lo que hace esta derecha que nos gobierna. Mejor dicho, de lo que hizo, porque supongo que todos estarán profundamente arrepentidos de su conducta y no volverán hacerlo.

Porque la derecha de toda la vida, la fetén, iba siempre acompañada del señorío católico. Y un señor, incluso un señorito, no aceptaba sobres así como así, porque entre otras cosas era pecado. Dábamos por hecho que los otros eran unos pringaos, pero nunca podíamos imaginar que esta gente –a la gran mayoría les sale el dinero por las orejas– se dejara limosnear por unos sobres, viajes, trajes o unas clases de golf.

Creo que el problema está en que ahora la derecha no se confiesa, o al menos no lo hace con la frecuencia que lo hacía en aquellos tiempos ni tiene el coach espiritual que le recordaría en sus confesiones aquello que le haría reflexionar sobre la malsana obsesión por el dinero: pulvis eris et in pulvis reverteris.

Todos somos pecadores, pero los protagonistas de los casos de corrupción con los que desayunamos a diario son pecadores empedernidos. Eso sí, desde que Chiquito de la Calzada inventó aquello del «pecador de la pradera», quitó hierro y dramatismo al asunto y ahora tenemos la sensación de que esto de pecar ya no tiene tanta importancia. Porque la derecha, cuando cree, es que cree de verdad, y así también está convencida de que podrá ir al cielo, faltaría más. Como los angelitos negros de Machín.

Quién se lo iba a decir a Judas, que su amargo remordimiento no le dejó otra salida que la de colgarse de un olivo. Todo por haber cogido un sobre con treinta puñeteras monedas. Para él, Chiquito de la Calzada llegó demasiado tarde. Ramón Canal.